Ante la intención del grupo de gobierno formado por PP y PSOE de privatizar el servicio de abastecimiento de agua potable en el municipio de Santa Úrsula, el partido EQUO “considera intolerable optar por la explotación privada como solución a los problemas de calidad y gestión que evidencia este esencial servicio público”.
Para la formación ecosocial “es notorio que desde hace muchos años, los ciudadanos de Santa Ursula no confían en la calidad del agua, extraño es el vecino que consume el agua del grifo para beber y cocinar. Esto se debe a varios incidentes que en los últimos años han afectado seriamente a la calidad del agua llegando a la interrupción temporal del abastecimiento. Sin embargo, la privatización del servicio no garantiza la solución del problema como se demuestra por los ejemplos de La Laguna y Puerto de la Cruz”.
EQUO exige al grupo de gobierno municipal la elaboración de un “Plan de racionalización y mejora del suministro público de agua”. Este plan debe programar de manera realista pero prioritaria las actuaciones necesarias para mejorar paulatinamente la seguridad y la eficacia del servicio y, lo que resulta más importante, debe tener como objetivo principal recuperar la confianza de los vecinos en el agua que llega a sus casas.
“El agua, como elemento imprescindible en nuestra vida cotidiana, debe garantizarse como bien público, pero también debe ser gestionada con eficacia, premiando el consumo responsable y penalizando el despilfarro. Actualmente se aplican los “bloques de consumo” de manera única, sin tener en cuenta el número de habitantes por vivienda, esto viene penalizando históricamente a las familias más numerosas”.
Desde EQUO se defiende un sistema más equitativo de tarifas, donde se tenga en cuenta el número de habitantes empadronados por vivienda a la hora de establecer los distintos bloques de consumo, de manera que se garantice un precio simbólico, próximo a la gratuidad, para lo que se llamaría “gasto mínimo personal” y que se aplicaría por vivienda dependiendo del número de vecinos empadronados en ella. Al mismo tiempo, como mecanismo de compensación, habría que ser más coercitivos con los gastos abusivos y más rigurosos en el control de los consumos en las zonas residenciales.
El suministro de agua corriente es una de las pocas competencias exclusivas de los ayuntamientos y en Santa Úrsula, como en tantos otros municipios, no ha sido una prioridad ineludible ni para el actual gobierno municipal ni para los anteriores. “No hay mejor gestión política que ofrecer a los vecinos agua potable segura y saludable, agua que se pueda beber. Ese debe ser el objetivo y no la privatización”, concluye EQUO.